10 Feb Soy autónomo y tengo acciones de PRL. ¿Por dónde empiezo?
El hecho de ser autónomo no exime al trabajador de cumplir con la ley ni con las normativas. Los trabajadores autónomos también deben cumplir leyes como la de Prevención de Riesgos Laborales, una norma que persigue garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en su puesto laboral. Hemos consultado referencias publicadas desde Grupo Preving, entidad especializada en Prevención de Riesgos Laborales, con el objetivo de explicar qué autónomos tienen que llevar a cabo acciones PRL. Y, si estás afectado, por donde empezar.
Desde esta fuente recuerdan que cualquier trabajo puede originar un daño o enfermedad en el autónomo. Datos de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA) ponen de relieve que el 97’7% de los accidentes que sufren los autónomos con motivo de su trabajo son de carácter leve.
Esa circunstancia no les evita el tener que desarrollar un Plan de prevención de Riesgos Laborales que cumpla con los requisitos de su sector económico y que les sirva para minimizar los riesgos asociados.
Acciones de prevención del autónomo
Los procedimientos de evaluación de los riesgos laborales debe ponerlos en marcha personalmente el empresario individual excepto cuando se trata de una empresa que cuenta con más de diez trabajadores; en el caso de que el autónomo no desarrolle su actividad de forma habitual en el centro de trabajo, si las actividades que se realizan son consideradas como peligrosas y si no se está capacitado para las funciones que va a desarrollar en materia de prevención.
Si, por ejemplo, se dieran dichas circunstancias, el autónomo debería contratar a una empresa especializada en desarrollar programas de prevención de riesgos laborales que le dé el apoyo y el asesoramiento necesario.
Asumir las funciones de prevención
En el caso de que se tratara de una empresa con más de 500 trabajadores y que disponga de los medios necesarios para desarrollar la prevención en materia de riesgos laborales, el empresario podría designar a algún empleado para que llevara a cabo la labor de prevención siempre y cuando haya un trabajador capacitado para ello. De ser así, se podrían evitar sanciones por falta de una política de prevención, que podrían llegar hasta los 800.000 euros.
Fuente: El País
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