13 Sep Sindicato de Trabajadores en Fraude denuncia al Gobierno ante la Audiencia
El Sindicato Nacional de Trabajadores en Fraude ha presentado ante la Audiencia Nacional una demanda por conflicto colectivo contra el Gobierno central en la que cuestiona el sistema «abusivo y fraudulento» de contratación temporal que permite considerar así a trabajadores con tres años de servicio.
La demanda, presentada ante la Sala de los Social de la Audiencia Nacional, afecta al futuro de alrededor de 700.000 trabajadores contratados en un posible fraude y abuso por las administraciones, por lo que el Sindicato de ámbito nacional pide que se aclare la naturaleza de sus vínculos laborales como ocurre con los falsos autónomos.
El abogado responsable de defender la causa, Manuel Martos, ha explicado a Efe que esta demanda, de conflicto colectivo, lleva aparejada la suspensión de todos los procedimientos de estas características.
En su demanda, Martos ha solicitado que se eleve cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la «manifiesta imposibilidad» de que lo solvente el Gobierno hasta que aclare qué entiende en España por estabilidad en la administración.
El letrado ha recordado que un empleado público que presta servicios durante 18 años debe tener derecho a la estabilidad a la luz de la normativa europea, que está por encima de las normas laborales y estatuarias de España.
Sin embargo, el Estado no dota de estabilidad al personal que presta servicios en igualdad de condiciones que los funcionarios durante más de tres años sino que, según se recoge en un acuerdo firmado con los sindicatos CCOO, UGT y CSIF, los afectados deben volver a examinarse.
Esta demanda se suma a la interpuesta también ante la Audiencia Nacional por el mismo letrado en representación de la Asociación Nacional de Interinos y Laborales, pendiente de votación y fallo, por el acuerdo firmado por el entonces gobierno del PP por un supuesto ERE encubierto que afectaría a 350.000 trabajadores.
El abogado encargado de la causa ha explicado que también se han abierto diligencias previas en diferentes juzgados de provincia para que las administraciones aporten los datos de los políticos y funcionarios responsables de la gestión de recurso humanos.
Martos ha calculado que las indemnizaciones ante el posible fraude de empleo superarían los 37.000 euros de media por afectado, un global millonario por una «dejación de funciones importantísima» por la que deberían responder las administraciones.
El Sindicato Nacional de Trabajadores en Fraude solicitará información para la posible anulación de todos los actos suscritos por el personal interino y temporal a lo largo de estos años.
La Comisión Europea ya abrió procedimiento por posible infracción contra el Estado, que terminó en sanción, por otra denuncia liderado por el mismo abogado en 2014. EFE
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