13 Mar El autónomo perderá un 8% de sus ventas anuales si cierra por el coronavirus
El colectivo de los autónomos es uno de los más sensibles a las consecuencias económicas de la crisis sanitaria desatada por la epidemia de coronavirus. Tratándose de un perfil de trabajador que ya de por sufre en mayor medida que un asalariado las consecuencias de tener que cerrar su negocio a causa de una baja por enfermedad, la actual situación de emergencia sitúa a los empleados por cuenta propia en el centro de la diana del impacto económico del Covid-19. De hecho, un autónomo que se vea obligado a cerrar durante un mes o frenar su actividad perderá de media un 8% de sus ventas anuales, según estimaciones elaboradas por la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA). En directo | Toda la información sobre el avance del coronavirus.
De este modo, según los cálculos de la organización, sobre un comercio medio en el que el titular tenga un trabajador a su cargo y sufra un mes de inactividad, la reducción media de las ventas estaría en el 8% aproximadamente. Pero en lo que se refiere a sus rendimientos netos anuales, esta cantidad podría incrementarse hasta un 25%, al tener que asumir gastos imprescindibles para mantener el negocio en funcionamiento, a lo que habría que añadir las dificultades financieras y de liquidez que el problema puede acarrear y la pérdida de oportunidades comerciales de futuro.
«Un comercio medio con unas ventas brutas anuales de 120.000 euros perdería 12.000 euros de ingresos totales. Teniendo en cuenta que los gastos mensuales correspondientes a los costes efectivos de la actividad se elevan a 7.200 euros, y suponiendo éstos el 60% de gastos sobre facturación, las pérdidas generadas en la renta neta al año podrían llegar a 12.000 euros», apuntan desde la entidad.
Medidas para paliar la crisis
En este sentido, a expensas de las medidas económicas que anuncie el Ejecutivo tras el Consejo de Ministros extraordinario de este jueves y de una reunión entre el Gobierno y los agentes sociales en la que se pondrán encima de la mesa las cuestiones de urgencia para sostener la actividad económica y sobre todo la de las pymes, desde el colectivo de los autónomos ya han hecho llegar sus peticiones para sobrellevar esta situación de excepcionalidad.
Quizá la medida más importante ante la situación de crisis sanitaria sea la de bonificar el 100% de la cuota de Seguridad Social desde el inicio de la inactividad temporal por contingencias profesionales, para aquellos autónomos que se vean afectados tanto por la cuarentena preventiva, como para los que hubiesen desarrollado la enfermedad, mientras dure el periodo de inactividad. Así, abogan por una aplicación del cese de actividad para todos los autónomos que indirectamente estén afectados y como consecuencia se produzca una reducción de al menos el 25% de su facturación, para los autónomos que tengan que cesar temporalmente su actividad por causa de un aplazamiento o demora de la actividad contratada por un cliente y que ésta se desarrolle en condiciones de dependencia económica y también aquellos trabajadores autónomos que deban cesar temporalmente su actividad por tener personas a su cargo.
Además, reclaman que el periodo del cobro de esta prestación no compute sobre el derecho acumulado del mismo y que quienes no hubieran llegado al mínimo cotizable para tener derecho a la percepción de esta sean incluidos de forma excepcional. «Además, hay que establecer de forma urgente, el mecanismo de control y seguimiento de la aplicación del cese de actividad de los trabajadores autónomos, a través de la formalización de la comisión mixta entre el Ministerio de Seguridad Social, Mutuas de accidentes de trabajo, en las que participarán las organizaciones de trabajadores autónomos más representativas», apuntan desde UPTA.
Y en materia fiscal y de financiación piden al Gobierno de Pedro Sánchez el establecimiento de plazos extraordinarios para la liquidación de impuestos directos e indirectos, IRPF, IVA, etc. Aquí también reclaman que para la concesión de plazos extraordinarios y en dependencia de sus importes se aplique una exención de garantías adicionales o de avales complementarios, qué en todo caso siendo necesarios, deberán ser otorgados por el ICO, poniendo a disposición de autónomos y pequeñas empresas un sistema de obtención de créditos blandos sin intereses. «Para ello dotará a la Confederación Española de Sociedades de Garantías Recíprocas de un fondo de 100 millones de euros para la articulación de estas medidas de urgencia a través de las SGR», apuntan en un comunicado.
Fuente: El Economista.es
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