23 Oct Vox propone, el PP dispone y Cs no se expone con la revisión de la ‘administración paralela’
Por administración paralela se entiende el conjunto de trabajadores del conjunto de entes y empresas públicas creadas por la administración socialista durante 36 años cuyo último recuento los cifra en 25.930 que, en su inmensa mayoría, fueron contratados sin seguir los procedimientos exigidos a los empleados públicos ni pruebas suficientemente homologadas.
Según ABC, el año pasado eran 24.600, lo que quiere decir que en sólo un año los «paralelos» han crecido en 1.330 personas, lo cual resulta inexplicable para un gobierno uno de cuyos propósitos iniciales era reformar la administración andaluza. Es decir, los «paralelos» han crecido mucho más, diez veces más que los empleados públicos, funcionarios y laborales, desde el año pasado.
Su distribución arroja un resultado que refleja que hay 3.697 contratados en el Servicio Andaluz de Empleo, incluyendo a los exempleados de la FAFFE. 16.499 trabajan en las agencias públicas empresariales. 139 lo hacen en los Consorcios diversos. 4.100 están empleados en diferentes Fundaciones públicas dependientes de la Junta y 5.307 lo hacen en sociedades mercantiles donde la Junta es la accionista decisiva.
El propósito inicial del nuevo gobierno era el desmontaje de esta administración paralela.
De hecho, en el punto 3 de su proyecto para los primeros 100 días de gobierno de PP y Ciudadanos se decía:
3. Aprobaremos un Decreto-ley para centralizar la dirección, supervisión y evaluación de todas las entidades dispersas de la «Administración paralela» con el doble objetivo de eliminar todos los entes que se consideren innecesarios o que se hayan visto expuestos a la corrupción, así como para garantizar la despolitización de las agencias, empresas y fundaciones públicas andaluzas y mejorar la profesionalidad y eficiencia en su gestión.
Es más, es que en su programa de gobierno conjunto se escribió en su punto I.3
DESMONTAR LA «ADMINISTRACIÓN PARALELA» Y RACIONALIZAR EL GASTO
8.- Encargaremos una auditoría integral a la Cámara de Cuentas de Andalucía, así como los informes correspondientes a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF), de todo el gasto de la Junta de Andalucía, incluidos sueldos, gastos corrientes y transferencias, tanto en la Administración como en el sector público instrumental, con el objetivo de reducir o reorientar el gasto superfluo a la financiación de los servicios públicos esenciales.
Por su parte, Vox, que mantiene una anómala actitud apostando en Madrid por la legalización de los 30.000 interinos que están en fraude de ley y que hay que sumar a las contrataciones «paralelas», es un claro enemigo de la actual administración paralela de la Junta. De hecho, en su acuerdo con el PP se escribió que, para reducir el gasto público y ampliar las posibilidades de la economía andaluza, se precisaba la
-Supresión de las subvenciones a las asociaciones y ONGs ideológicas (todas aquellas dedicadas a la promoción de determinada visión ideológica) independientemente de su naturaleza comunista, feminista, progresista, liberal o conservadora.
-Igualmente, supresión de la administración paralela y todo Instituto o Agencia que no acredite fuera de toda duda su utilidad pública.
Ahora, con motivo de la inminente aprobación del presupuesto de la Junta para 2020, Vox ha sacado a relucir su propuesta considerando que no se han hecho todas las auditorías prometidas sino que sólo se han hecho unas pocas sobre unos pocos entes públicos revisables y que es imprescindible para que puedan apoyar los nuevos presupuestos andaluces que se tengan los datos reales de las auditorías y que se proceda a la eliminación de todo lo que resulte superfluo o inútil.
Sin embargo, PP y Ciudadanos, que ven cómo, por si fuera poco, los «paralelos» le han crecido en este último año sin que se disponga de explicación oportuna, hablan de «ordenación«, de que, a partir de ahora, «nadie entre por la puerta de atrás» pero sin mencionar la palabra despido, mucho menos, si se tratase de despidos masivos. Cómo cuadrar este círculo se presenta casi imposible.
Por una parte, si no se afronta la revisión de la administración paralela se extiende la impresión de que el PSOE ha impuesto su política, su personal y logra tener llena de «torpedos» la gestión del nuevo gobierno. Además, dará una lección acerca de cómo votar al gobierno del cambio, en realidad, es algo inútil porque no reforma lo que pretendía.
Por la otra, si se afronta, el PSOE tratará de instrumentalizar a sindicatos y organizaciones sociales contra el gobierno del PP en el Parlamento y en la calle, y todo ello, en plena precampaña electoral.
El consejero de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo, ya ha prometido auditorías independientes, como exige Vox, porque las efectuadas hasta ahora lo han sido por la Intervención General de la Junta de Andalucía, que no puede considerarse genuinamente independiente.
Más difícil es resolver efectivamente el tema de los casi 26.000 empleados que han entrado por puertas que no eran precisamente las de delante en la administración andaluza. De momento, Vox propone, pero no se indispone, y hace unos días no presentaba una enmienda de totalidad a los presupuestos que no contemplan lo que exigen en este punto.
Por tanto, parece claro que, de momento, Vox se limita a recordar sus promesas electorales y sus acuerdos proponiendo modificaciones en el Presupuesto, pero es el PP el que dispone realmente con su consejero de Hacienda al frente. Ciudadanos, en segundo plano permanente, ni se expone.
Durante esta semana se intensificarán las negociaciones y la semana que viene se sabrá si la nueva Junta tendrá o no presupuestos para 2020, cuentas que apuntalarán al nuevo gobierno prácticamente hasta las próximas elecciones de 2022.
Pedro de Tena, Libertad Digital
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