06 Oct TSJA celebra juicio por contratación temporal en Hospital Alto Guadalquivir
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), con sede en Granada, celebra este 8 de octubre juicio en materia de conflicto colectivo planteado por el Sindicato Nacional Trabajadores en Fraude (Sintef) contra la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir.
Según ha informado este lunes este sindicato en un comunicado, con este proceso busca dar una solución al que considera fraude en la contratación temporal que se produce desde hace años en las agencias administrativas dependientes de la Junta de Andalucía, en concreto en la Agencia Pública Sanitaria Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir.
Sintef ha explicado que este supuesto fraude en la contratación se traduce en la concatenación de contratos temporales por los diferentes trabajadores de la agencia con carácter continuo, al objeto de asegurar necesidades que realmente son permanentes y que en consecuencia se deben cubrir con personal fijo.
«Nos encontramos con trabajadores que llevan prestando servicios desde hace más de 20 años con contratos temporales, lo que genera inestabilidad en el empleo y les afecta en su vida personal y familiar», ha expuesto.
Para el sindicato, esta situación evidencia una actitud de abuso de derecho por parte de la administración al vulnerar los derechos de los trabajadores y, en concreto, la estabilidad en el empleo que consagra la Directiva 1999/70 y jurisprudencia que la desarrolla.
Sintef solicita, entre otras cuestiones, que se indique si como sanción a este fraude se debe reconocer el vínculo como indefinido del Estatuto de los Trabajadores que se asimila a fijo, o deben ser directamente trabajadores fijos.
Asimismo, pide que se aclaren otros derechos como el de la reubicación preferente antes del despido e incluso la cuantía de las indemnizaciones a abonar en caso de despido por cubrirse la plaza.
La demanda de conflicto colectivo se presenta para aclarar estos derechos y en inicio a la demanda por daños y perjuicios, así como depuración de responsabilidades a los sindicatos pertenecientes a la mesa y los propios gestores de la empresa pública y la agencia. EFE
Fuente: La Vanguardia
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