“A mí no me han echado en todo este tiempo. Eso significa que sirvo para este trabajo. No tiene sentido que si suspendo un examen me echen a la calle”, cuenta esta mujer.
En España se calcula que hay cerca de 800.000 interinos como Mari Cruz. Trabajadores que llevan años en el mismo puesto pero sin ocupar una plaza porque nunca se ha convocado esa oposición. Estos trabajadores se sienten en un limbo, abandonados tanto por la Administración como por los principales sindicatos: CSIF (el de los funcionarios), UGT y CC.OO. “Son los mayores culpables”, asegura Mari Cruz. Lo dice porque en 2017 firmaron con el Gobierno un acuerdo para cubrir plazas en la administración que dejó fuera a los interinos más antiguos como ella.
En el Instituto Español de Oceanografía (IEO) en Santander, que depende orgánicamente del Ministerio de Ciencia e Innovación, trabajan cerca de 600 personas. Investigan los recursos marinos, los problemas del medio marino y la contaminación. El 25% de la plantilla es interina. Uno de ellos es Jesús Carranza. Tiene 48 años, es ingeniero informático y lleva desde el año 2000 trabajando en este centro.
“Nosotros estamos en un fraude de ley”, explica este hombre que se encarga, entre otras cosas, de gestionar la página web del centro y la comunicación corporativa. “No estamos en contra de las oposiciones libres. Sigue faltando mucho personal. Pero nuestro caso es particular: hasta que no apruebas el examen, los méritos no cuentan. Y si suspendes, te vas a la calle después de un montón de años”.
Para Jesús ponerse a estudiar a estas alturas también es complicado. “Tengo familia e hijos y que me digan ahora que tengo que preparar un examen para demostrar ¿qué? Si llevo 20 años demostrando que valgo. ¿Tú te crees que una persona a los 60 años tiene que pensar en hacer un examen en lugar de su jubilación?”, se pregunta este hombre que asegura vivir “angustiado”.
Muchos de los interinos están pendientes estos días de otra sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Los jueces tienen que pronunciarse sobre su situación laboral. Deben decidir si se apuntan a la recomendación que hizo en octubre Julien Kokkot, la abogada de la UE. Su opinión: no recomendaba hacerles fijos automáticamente, aunque daba un tirón de orejas a España por el abuso de los contratos temporales en la administración pública y proponía un castigo «efectivo y disuasorio».
La batalla no se da en absoluto por perdida. «El Tribunal de la UE nunca va a decir si hay que hacer fijo o no a un empleado público en España. Ni está ni se espera esa decisión”, explica José Cabrera, uno de los abogados de los interinos. “El TJUE no tiene competencias ni en empleo público ni en las administraciones».
Cabrera lleva la defensa de unos 400 interinos por la vía administrativa. «Hay que ganar aquí, en casa. Ya hemos llegado al Tribunal Superior de Justicia de Aragón y Castilla-La Mancha con varios casos. Habrá que continuar hasta el Supremo y conseguir que se termine pronunciando al respecto».
El sindicato que representa a los funcionarios tiene una visión algo diferente. “A estos trabajadores no se les puede hacer fijos directamente. Jurídicamente no es viable”, asegura Pedro Poves. El portavoz de CSIF reconoce que estos interinos “son víctimas y se han ganado el empleo», pero también opina que «hay que conjugar los méritos con el criterio de igualdad”.
Begoña Bao lo intentó. De los 30 años que tiene cotizados, 23 son de interina. Los últimos, en la Diputación de León recaudando impuestos. En 2008 recuerda que le dijeron que convocarían oposiciones. “Iba cada fin de semana a una academia de Lugo, porque era la mejor. Hacía 120 km para poder prepararme… y al final nunca convocaron las plazas. Estamos en 2020 y todavía sigo esperando”, explica. Tampoco entiende por qué después de tantos años no reconocen su puesto.
A sus 55 años no se ve con fuerzas para presentarse a unas oposiciones. “Ya no estoy capacitada mentalmente. Trabajo y cuido a mi madre que está cerca de los 90 años. Yo no puedo competir con una persona de 25 años”.
Antes de entrar a la Diputación de León trabajó para la Xunta de Galicia. Durante esta etapa se presentó a un examen para optar a una plaza pero suspendió por muy poco. “Me sentí una desgraciada. Y me fui a Canarias. Allí estuve trabajando como limpiadora. Cuando vienes del sector público, las empresas te miran un poco mal: se creen que has metido la mano en la caja y por eso te han echado. No entienden nuestra situación. Si me echan ahora, ¿quién me va a contratar? Me destrozarían los últimos años de cotización. Me siento impotente e ignorada”.
El próximo sábado 15 de febrero tanto Mari Cruz como Jesús y Begoña recorrerán cientos de kilómetros desde su casa para sumarse a la manifestación convocada en Madrid. Ese día se han citado miles de interinos para protestar “contra la precariedad y la temporalidad” en el sector público. La “iniciativa” ha nacido de “manera horizontal”. Ninguno de los sindicatos mayoritarios ha secundado la protesta.
Fuente: Carles García Baena, Nius Diario
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