12 Abr El colectivo de interinos reclama obtener la fijeza
Ana Flores tiene 53 años. Lleva 30 ejerciendo de auxiliar de gestión en el centro Salud Pública de Castellón. Su plaza nunca ha salido a una oposición para poder optar a ella. “Por mi edad tengo cargas familiares tanto por arriba como por abajo”, afirma. “En casa tengo todavía un hijo, luego está mi padre con una dependencia y no dispongo de la misma capacidad de estudio que años atrás”. Su queja es la de miles de empleados públicos temporales que ven como sus plazas pueden salir a oposición a partir del año que viene, pero sus capacidades de acceso están limitadas. “En este momento de mi vida no tengo el tiempo que tendría si tuviese 20 o 30 años”.
Los sectores afectados son numerosos: desde sanidad hasta la enseñanza, pasando por administrativos, bomberos forestales o investigadores científicos. También la música: María Salvador tiene 47 años y 22 de ellos los ha pasado como interina en el coro de la Generalitat. “Aquí somos 57 trabajadores y todos hemos hecho una prueba u oposición, equiparable a la que se hace en cualquier teatro del mundo”, asegura. Y añade que no deberían someterse a una nueva prueba. “Ninguno hemos entrado a dedo, si estamos aquí es porque ya hemos pasado una prueba muy dura para conseguir el puesto”.
La sentencia del Tribunal de Justicia de la UE
1 de cada 4 empleados del sector público en España es eventual. Reclaman la aplicación de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de marzo de 2020, que determina que la administración española ha cometido un abuso de contratación temporal. “Ese abuso hay que sancionarlo, según la sentencia europea”, recuerda Fran Conde, portavoz en la Comunitat Valenciana de la Coordinadora de Empresas Públicas en Fraude de Ley. “Pero hay que sancionar a la administración incumplidora, no a la víctima… que somos nosotros”.
Para Rafa Reig, de Intersindical Valenciana, “no se ha hecho una trasposición de la normativa europea a la normativa estatal. Esa trasposición debería haberse hecho hace 20 años”. Desde la Coordinadora de Empresas Públicas en fraude de ley aseguran que la realización de un examen para optar a la plaza es como culpabilizarles, se convierten en las víctimas. “Esa sanción no puede ser un proceso selectivo abierto: tiene que ser algo más cerrado”, afirma Fran Conde.
Rafa Reig insiste. “Ha paso un año desde la sentencia europea y ha habido tiempo de sobra para reformar el estatuto del trabajador público y para buscar soluciones”. Y añade un dato: la temporalidad en el sector público está por encima del privado.
En este sentido, el colectivo Interinos en Acción presentó, a través del senador de Compromís Carles Mulet, una proposición de ley planteando la solución de crear la figura del empleado público fijo o un concurso de mérito diferenciado, en el que prevalezca el tiempo trabajado en la plaza y en la administración convocante.
El colectivo de interinos en fraude de ley reclama la fijeza
Las mujeres, las más perjudicadas
Según la Coordinadora de Empresas Públicas en Fraude de Ley, el 70% de los trabajadores en esta situación son mujeres, y buena parte de ellas mayores de 50 años. La posibilidad de reinserción laboral es muy difícil. Es el caso de Elena, farmacéutica que trabaja desde hace 23 años en un laboratorio de Salud Pública. Asegura que una nueva oposición la abocaría al paro. “La experiencia la tengo, pero el temario no equivale a todo lo que se hace. No tenemos ahora la misma capacidad de estudio. La experiencia sí, con cursos y másteres, pero eso luego hay que plasmarlo en un examen de test y eso es muy complicado”. La incertidumbre, afirman, les resta posibilidades ante un hipotético examen. “Psicológicamente no vamos a estar en nuestro mejor momento”, asegura María Salvador. “Te estás jugando el futuro tuyo y el de tu familia. En mi caso, mi sueldo es el único que entra en casa, vivimos de él tres personas”.
Cientos de trabajadores interinos, tanto en la Comunitat Valenciana como en el resto del país, han llevado a los tribunales su situación, solicitando mantener el puesto de trabajo sin tener que someterse a un proceso de selección. Hasta ahora, los jueces reconocían los abusos de temporalidad, pero no sentenciaban en esa dirección. Sin embargo, ya empiezan a producirse resoluciones favorables: hace unas semanas un juzgado de Alicante dictó seis sentencias en las que condena a la Universidad de Alicante a dar la fijeza a 16 funcionarios interinos de larga duración. Llevan ocupando sus plazas una media de 15 años.
La pandemia agrava la situación
La llegada del coronavirus y sus consecuencias también han afectado a los interinos. Para luchar contra la pandemia ha sido necesario el refuerzo de las administraciones y los servicios públicos con más contrataciones temporales. “La pandemia ha impedido un proceso de consolidación de este personal”, asegura Rafa Reig. “Pero no estamos hablando de oposiciones, son cosas diferentes. Una cosa son oposiciones para el acceso de personal de nuevo ingreso y otra es la consolidación del personal interino que ya está desde hace 10, 15 o 20 años y que se le tiene que buscar una solución a su problema”.
“Mientras las soluciones no lleguen, las oposiciones siguen en marcha”, denuncia Fran Conde. “Reclamamos a la Generalitat Valenciana que paralice todas las oposiciones donde hayan ofertado plazas para personal con abuso de temporalidad”. “No tengo nada que demostrar después de 30 años en mi puesto de trabajo”, reivindica Ana Flores. “No es que tenga un máster, es que tengo muchos másteres en 22 años. ¿Ya no se valora la experiencia?”, cuestiona María Salvador.
Y Elena Gozalbo va más allá: “Me quedan menos de 6 años para jubilarme y la posibilidad de quedarme sin sueldo en un año o dos por no aprobar la oposición a una plaza que llevo ocupando décadas… me parece muy fuerte”.
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